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La negligencia médica por retraso en el diagnóstico del Síndrome de Down puede generar lo que se conoce como nacimiento injusto. Ante el fallo en la información otorgada a los padres, estos ven coartado su derecho a decidir sobre la continuidad del embarazo.

La normativa prevé la posibilidad de interrupción voluntaria de este cuando se detecte una malformación del feto o enfermedades incurables o inevitables. Si bien la negligencia no provoca el síndrome, sí se entiende que vulnera el derecho de decisión autónoma de la madre.

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Las negligencias médicas por retrasos al diagnosticar enfermedades en el embarazo son típicas en casos donde, sin una causa justificada y siempre basadas en imprudencias y negligencias, el diagnóstico de lesiones o patologías en la mujer embarazada o en el bebé se produce con retraso.

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Toda persona que se somete o es atendida en un acto médico o quirúrgico está en el derecho de conocer las características del mismo, las condiciones en las que se encuentra frente al mismo, las posibilidades de éxito, así como los riesgos que el acto implica. Poseer esa información da al paciente la posibilidad de decidir si desea o no acogerse a la intervención o tratamiento que estén planteados en su caso.

El parto es uno de esos actos, y por ello la mujer en ese momento debe ser informada por el médico que la atiende de los riesgos asociados al momento del nacimiento del bebé.

Si ocurre alguna situación indeseada en un acto médico que pueda generar consecuencias negativas para el paciente por falta de información de parte del médico, esa situación puede considerarse negligencia médica por falta de información.

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La asfixia perinatal (APN) es una lesión resultante de la falta de oxígeno en los momentos anteriores y posteriores al parto y dependiendo de sus causas es posible evitarla. Siempre y cuando el personal médico y sanitario proporcione una adecuada y constante monitorización, tanto del embarazo como también del momento de alumbramiento.

Este tipo de asfixia es, en muchas ocasiones, el resultado de una deficiente atención sanitaria. En caso de comprobarse esa deficiencia, los padres pueden solicitar una indemnización alegando negligencia médica por asfixia perinatal.

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La reclamación de negligencias médicas en partos en la sanidad pública se realiza mediante procedimientos administrativos. Se aplica cuando existen lesiones en el bebé o madre como consecuencias de un acto negligente del servicio público.

En estos casos procede exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Además de las pruebas requeridas es importante saber que los plazos son determinantes para el caso.

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El sufrimiento fetal en parto provoca una privación de oxígeno que se detecta en alteraciones de la frecuencia cardíaca y disminución del movimiento. Este distrés fetal puede generarse durante los momentos previos al parto o en el alumbramiento por diversas causas.

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Una mujer embarazada tiene el derecho de conocer el estado de salud y normalidad de ella y su bebé, y para ello se controlará con un médico especialista durante el tiempo de gestación. El especialista debe realizar estos chequeos cuidadosamente, ya que algunos hechos que puedan derivar de un cuidado médico poco dedicado pudieran catalogarse como negligencia médica durante el embarazo.

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Las lesiones en el embarazo o en el parto por una mala actuación o una omisión del profesional deben ser reclamadas. Así lo establece el Código Civil en su artículo 1902. Son situaciones de suma complejidad, con consecuencias tanto para el neonato como para la madre.

La Ley sanciona las negligencias médicas y los afectados deben ser compensados. Para esto es necesario comprobar las causas de las lesiones y seguir el procedimiento que indica la normativa vigente.

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